El Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Gobierno y Trabajo, dictó la conciliación obligatoria en el conflicto entre el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación de Concepción del Uruguay (STIA) y la empresa Granja Tres Arroyos SA, correspondiente a su planta La China de Concepción del Uruguay.
La medida se adoptó mediante la Resolución Nº 363/2026 STySS, en el marco de la Ley Nº 14.786, ante la magnitud del conflicto y la necesidad de preservar un ámbito institucional de diálogo. Regirá por 15 días hábiles, a partir de las 14 del jueves 13 de agosto.
Reincorporación inmediata de los despedidos
La resolución ordena retrotraer la situación al estado previo a la comunicación de los despidos, efectuada desde el viernes 7 de agosto. En ese marco, se intimó a Granja Tres Arroyos SA a reincorporar de manera inmediata a los trabajadores despedidos desde las 00.00 de ese día, y a abstenerse de cualquier represalia contra el personal o la organización sindical.
El sindicato y los trabajadores, por su parte, fueron intimados a dejar sin efecto toda medida de acción directa y a retomar las tareas de manera normal y habitual mientras dure la conciliación. El incumplimiento de lo dispuesto podrá derivar en las sanciones previstas por la normativa laboral vigente.
Audiencia para el 20 de agosto
La Secretaría de Trabajo fijó una audiencia de conciliación para el jueves 20 de agosto a las 12, en su sede de calle Buenos Aires 166 de Paraná, a la que deberán asistir representantes de ambas partes con poder de decisión suficiente. La medida busca preservar la paz social y encauzar el conflicto dentro del marco institucional correspondiente.
Asistencia a los trabajadores
En paralelo, el gobierno provincial desarrolló distintas acciones para asistir a los más de 900 trabajadores de Granja Tres Arroyos, cuya actividad está paralizada desde el 26 de mayo. Entre ellas, la entrega de 1.900 módulos alimentarios, la gestión de 825 solicitudes de subsidios de 200.000 pesos -cuyos pagos ya comenzaron y se ampliarán a 1.075 trabajadores-, una tarifa social de energía eléctrica para 525 trabajadores durante dos bimestres y la gestión de una prórroga y refinanciamiento de su deuda con Enersa. También se elaboró un protocolo con el Hospital J.J. Urquiza para la atención y provisión de medicamentos a trabajadores con enfermedades crónicas afiliados al STIA, cuya obra social quedó desfinanciada por la falta de pagos de la empresa.