Según se informó oficialmente, se trata del 65% del total de la superficie de tierras fiscales de la provincia, cuya ocupación clandestina o irregular fue debidamente ordenada y regularizada, a través de permisos onerosos de uso de suelo, otorgados a través del programa de Regularización de la Ocupación de las Tierras Fiscales.
Se preciso que la gran mayoría de estas 124.000 hectáreas recuperadas se encuentran en el Delta, principalmente los departamentos Gualeguay y Victoria. El proceso de regularización se ejecuta desde la Agencia Administradora de Bienes de la Provincia de Entre Ríos (Aabiper), recientemente creada, con la meta de llegar a regularizar y ordenar la totalidad de las tierras fiscales de Entre Ríos, a través de un esquema de gestión destinado a la generación de valor público y la administración transparente del patrimonio estatal.
El presidente del organismo, Eduardo Asueta, manifestó que «en estos últimos dos años el equipo de Tierras Fiscales y de la Unidad de Control de Inmuebles hizo un gran trabajo, y queremos potenciarlo. Para ello se proyectó realizar un relevamiento e inventario detallado de las características productivas y del valor locativo de cada uno de los 200 lotes de propiedad provincial. Hoy carecemos de esa información y en consecuencia el costo de los permisos de uso se determina por criterios generales que no son del todo precisos y en muchos casos no se ajustan a la realidad, y en conjunto supone un subaprovechamiento de las tierras fiscales».
Y agregó: «Tenemos muy en claro que se trata de propiedad pública que debe ser administrada en función del interés del conjunto de los entrerrianos, y para eso precisamos saber a ciencia cierta el potencial de cada inmueble».
En ese sentido, Asueta sostuvo que «además estamos trabajando en un esquema transparente y público de administración de la propiedad inmueble de la provincia. El objetivo es que cada entrerriano sepa que se hace con cada inmueble de la provincia, y que, además, todos por igual puedan participar y compulsar en los contratos de uso oneroso del suelo. La transparencia es la garantía de una administración sana y saludable».